Las modificaciones legislativas de los últimos años han cambiado la forma en que vemos el derecho penal, ahora las empresas tienen deberes con la sociedad que antes no tenían. Entre los deberes más relevantes está la de prevenir delitos que nacen o surgen en su interior, cometidos por miembros de ella para beneficio de esta, si no lo hacen pueden ser objeto de persecución penal.

Si bien, la normativa está en constante desarrollo y evolución, entrando en vigor el 1° de septiembre de 2024 una nueva ley que viene a modificar todo el sistema. No es menos cierto que atendida la novedad de todo lo relacionada a la responsabilidad penal de la persona jurídica, hay un desconocimiento sobre los alcances de las consecuencias que pueden surgir de una sanción.

El desconocimiento de que es un «MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS» de su aplicación, de su seguimiento, del oficial de cumplimiento, de si es necesaria o no la certificación del modelo; entre otras palabras claves que parecieren significar nada a la persona media, pero que su importancia es de tal calibre que no comprenderlas puede poner en riesgo el negocio, el emprendimiento que tanto costó comenzar y convertirse en un verdadero dolor de cabeza si no se toman las acciones necesarias para gestionar los riesgos.

En ILLANES & URDANGARIN, nos hemos dedicado al derecho penal, sabemos la ley, la norma y conocemos los riesgos que pueden ocurrir en una organización, conociendo e implementando los mecanismos eficaces para poder limitarlos.

La experiencia de litigación en causas económicas penales de gran envergadura, nos han permitido comprender que acciones pudieron haberse tomado con objeto que la consecuencia negativa no surgiera, y ese conocimiento se aplica en la práctica con nuestros representados, estando en constante vigilancia con el objeto de que su empresa no se vea envuelta en líos que pudieren ser evitables.

Asesoramos, defendemos y capacitamos en estos temas a nuestros representados, con objeto que tengan una idea clara, particularmente con la próxima entrada en vigencia de la Ley 21.595, que en términos concretos es una revolución en la responsabilidad penal de la persona jurídica.